Contradicciones al interior del gobierno de Piñera (M. Acuña)

Se difunde el siguiente documento sobre la actual situación política chilena, en especial en relación al 'bloque en el poder'. Es interesante el tratamiento, a la vez que pone en su sitio al sistema democrático y a las supuestas "izquierda" y "derecha".

CONTRADICCIONES AL INTERIOR DEL GOBIERNO DE SEBASTIÁN PIÑERA

Manuel Acuña Asenjo

INTRODUCCIÓN

El gobierno de Sebastián Piñera Echenique no tendrá una duración diferente a la que tuvo el de su predecesora Michelle Bachelet Jeria, es decir, cuatro años. Ha recorrido ya nueve meses, lapso idéntico al que dura la gestación de un ser humano, casi la cuarta parte que ha de durar el período de su mandato presidencial; el tiempo transcurrido invita a reflexionar acerca de los objetivos que se ha propuesto, a evaluar su marcha y precisar su carácter de clase. Pero, como todas las empresas de esta naturaleza, previo es recordar algunos presupuestos esenciales que nos entrega la teoría.

Comencemos repitiendo algo básico:

Las formaciones sociales que existen (conocidas, corrientemente, con el nombre de ‘países’) son estructuras segregadas en clases sociales una de las cuales domina a las demás. La forma de organización que adoptan es la de ‘estado’ pues éste permite el ejercicio permanente de la dominación. No obstante, las clases dominantes se fragmentan en fracciones de diversa índole durante la rotación del capital. Divididas así, no pueden conducir al conjunto social. Se organizan, entonces, dentro del mismo estado, en torno a un ‘Bloque en el Poder’; de esas clases y/o fracciones de clase tan sólo una impone sus intereses por sobre las demás y conduce hegemónicamente al conjunto de todas ellas para ejercer la dominación. En la fase de expansión que recorre el ciclo de vida del sistema capitalista mundial, hemos dicho que la fracción hegemónica dentro del Bloque en el Poder, tanto nacional como planetario, es la burguesía bancaria en estrecha alianza con la burguesía comercial.

El Bloque en el Poder, sin embargo, no es una estructura monolítica. Por el contrario: en su interior, los intereses de esas clases y/o fracciones de clase se encuentran permanentemente en pugna. Sus contradicciones se hacen presentes continuamente, pero se resuelven también de esa manera, porque hay un interés hegemónico que subordina al resto.

El régimen político sobre el que descansa el sistema capitalista se denomina ‘democracia’; dentro de esa ‘democracia’ realiza los ajustes que le permiten perseverar en sí. Sin embargo, si tales ajustes exceden las posibilidades que brinda la estructura política de la nación, y existe peligro de alterarse la esencia del sistema, irrumpen los llamados ‘regímenes de excepción’ o ‘dictaduras’ que recomponen aquella e impiden su destrucción. De todo lo dicho se deduce que los sectores más interesados en conservar el régimen democrático no son, como podría erróneamente suponerse, los estamentos dominados, sino precisamente sus clases dominantes que necesitan adecuar convenientemente la estructura institucional de la nación al servicio de sus propios intereses.

La sociedad, en su conjunto, comienza a ser dirigida en función de esos intereses, que son, por lo mismo, intereses de clase. Tal ocurre en los gobiernos que se organizan bajo el modo de producción capitalista. No podría manifestarse de otro modo dentro del gobierno de Sebastián Piñera: los intereses de clase que lo mueven empiezan a delinear su perfil en forma clara y precisa.

CARÁCTER DE CLASE DEL GOBIERNO DE SEBASTIÁN PIÑERA

En nuestro documento intitulado, precisamente, ‘El carácter de clase del gobierno de Sebastián Piñera’ aseverábamos que, en primer lugar, dicho gobierno no era un gobierno de la alianza con cuyo respaldo el candidato fue elevado a la primera magistratura de la nación (‘Coalición Por el Cambio’), sino algo más personal(1). Entregábamos argumentos, al respecto, señalando que las fuerzas políticas presentes hoy en el gobierno no eran las mismas existentes al momento de las elecciones, pues dos de las organizaciones de esa alianza ―el Partido Regionalista Independiente PRI y Chile Primero― se habían retirado de la misma por cuestiones de intereses de clase(2), y sólo permanecían en ella Renovación Nacional RN y la Unión Demócrata Independiente UDI. Así, pues, la Coalición por el Cambio ya no existe hoy, sino que, constituyendo el pacto entre esos dos últimos partidos el conglomerado denominado ‘Alianza por Chile’, es ésta la única estructura política sobre la cual se apoya el gobierno actual.

En segundo lugar, indicábamos que el carácter mismo del candidato, cuya preferencia indiscutida por afirmarse en la autoridad contenida en la Constitución y no en los partidos políticos, le había impelido a nombrar un gabinete a su entero arbitrio, sin considerar mayormente a quienes le habían elevado al cargo de presidente, provocando roces con sus aliados.

Afirmábamos, en tercer lugar, que el gobierno de Sebastián Piñera no era diferente a los gobiernos de la Concertación en el sentido de representar, principalmente, el interés de la fracción hegemónica del Bloque en el Poder, es decir, de la burguesía bancaria (aliada a la burguesía comercial) o, si se quiere (para emplear palabras más bien tradicionales), de la ‘burguesía financiera’, el sector de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo dedicados al comercio del dinero y de los valores (banca, seguros, tarjetas de crédito) al cual se incorpora la renta de la tierra o comercio inmobiliario (eufemísticamente denominada ‘industria de la construcción’).

Los hechos más arriba expuestos permiten entender por qué hoy el gobierno de Sebastián Piñera es un gobierno de minoría. En consecuencia, se verá obligado, permanentemente, a estar negociando el contenido de sus propuestas con las demás fuerzas políticas para hacer aprobar las reformas que busca introducir a la estructura institucional del país a fin de robustecer la democracia.

De todo lo dicho se deduce que la ascensión de Sebastián Piñera a la primera magistratura de la nación no ha producido alteración alguna en la composición del Bloque en el Poder y que las diatribas de la oposición en torno a calificar de ‘derecha’ a su gobierno no son más que expresiones con la cuales se intenta convencer a la población acerca de la existencia de un antagonismo que jamás se ha hecho presente. Los gobiernos de la Concertación no han representado los intereses de las clases dominantes de manera diferente a como lo hace el de Sebastián Piñera. Y esto es tan cierto que algunos voceros de sectores extremos en la defensa de los intereses de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo, como Sergio Melnick, no han vacilado en decir que

“El gobierno de Sebastián Piñera va a ser el mejor gobierno de izquierda de la Concertación”(3).

Todo lo cual nos lleva a establecer las diferencias que existen entre los gobiernos de la Concertación y el de Sebastián Piñera.

DIFERENCIAS ENTRE EL GOBIERNO DE SEBASTIAN PIÑERA Y LOS DE LA CONCERTACIÓN

Si definíamos, igualmente, a los gobiernos de la Concertación como representantes de la fracción hegemónica del Bloque en el Poder, es decir, la burguesía bancaria aliada a la burguesía comercial, ¿cuál o cuáles serían, entonces, en definitiva, las diferencias del gobierno de Sebastián Piñera con los que ha ejercido la Concertación?

Desde el punto de vista de las bases sociales sobre las cuales se asienta, comencemos diciendo que el gobierno de Sebastián Piñera no tiene el control del movimiento sindical que, en los gobiernos de la Concertación, hizo operar como ‘clase apoyo’ a las más connotadas organizaciones (la CUT u organismos sindicales o sociales financiados desde el gobierno); tampoco posee estamentos del sector público que, en el carácter de ‘clase mantenedora’ del estado (burocracia estatal, defensora de sus empleos), le sostengan en el desempeño de su gestión.

Desde el punto de vista de guardar un cierto equilibrio en la realización de los intereses en pugna dentro del Bloque en el Poder, podemos afirmar que tampoco se preocupa el gobierno de Pïñera por mantener ciertas garantías indispensables para el desarrollo del sector industrial frente al interés de la banca, especialmente respecto del sector exportador de materias primas o semi elaboradas, que es el predominante en esa área dentro de la nación. La Concertación sí que lo hacía, aunque en forma bastante limitada.

Por lo que hemos expresado precedentemente, resulta casi ocioso clasificar al gobierno de Sebastián Piñera en base a vagas referencias como lo son aquellas que hablan de ‘populismo’, ‘gerencialismo’ o, simplemente, ‘de derecha’, denominación empleada por algunos analistas y personalidades que poco o nada tiene que ver con la caracterización de un gobierno desde el punto de vista de las clases sociales; mucho menos señalarlo como ‘sucesor directo de la dictadura’ o ‘hijo de Pinochet’, frases que sólo evidencian indigencia teórica de quienes las emplean(4). Afirmamos, en consecuencia, que dicho gobierno, de fuerte tinte personalista, no es diferente a los instalados en las demás naciones del orbe, pues representa los intereses de la burguesía bancaria (aliada a la burguesía comercial), fracción de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo que se ha impuesto como fracción hegemónica a nivel planetario. Sin embargo ―no lo olvidemos―, las contradicciones de las clases y/o fracciones de clase dentro del Bloque en el Poder aparentan resolverse en el ámbito jurídico-político de la nación; más exactamente, en su ‘escena política’, en los dichos de sus personalidades, en la acción de sus ‘actores políticos’. Lo cual no implica que se resuelvan real y efectivamente.

Como lo hiciéramos en el documento antes citado, repetimos aquí que el gobierno de Sebastián Piñera representa NATURALMENTE a la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo, pues las personas instaladas en la dirección del estado provienen de esas clases y/o fracciones de clase dominante o, al menos, son sus testaferros, a diferencia de la Concertación, cuyos gobiernos lo hicieron ESPURIAMENTE.

Todo estado posee, entonces, un Bloque en el Poder; pero se administra desde un gobierno que, por lo mismo, no deja de estar experimentando la constante disputa de sus clases o fracciones de clase por imponer su hegemonía. Y puesto que muchas de esas disputas se representan en la escena política de la nación, son los actores políticos (partidos, personalidades, instituciones) quienes se encargan de hacerlo. Sin embargo, no todas esas discrepancias son contradicciones de clase.

De si tal fenómeno ocurre dentro del gobierno actual es el tema del cual nos preocuparemos esta vez. Lo cual implica analizar, previamente, la representación política de esos conglomerados.

REPRESENTACION POLÍTICA DE LOS DOS GRANDES PARTIDOS DE LA CLASE DE LOS COMPRADORES DE FUERZA O CAPACIDAD DE TRABAJO

Llega, por consiguiente, el momento de hacer un análisis de los dos grandes representantes de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo, comúnmente designada bajo el nombre de ‘empresariado’.

Los partidos que se disputan esa representación son Renovación Nacional RN y Unión Demócrata Independiente UDI.

Desde su creación, un 29 de abril de 1987, Renovación Nacional RN se empezó a perfilar como el partido más representativo del viejo empresariado organizado, hasta antes del golpe militar, en torno al Partido Nacional PN. No por algo figuraron, como sus fundadores, entre otros, Sergio Onofre Jarpa Reyes y Sergio Diez Urzúa, líderes de la oposición empresarial contra el gobierno de la Unidad Popular, prominentes miembros también del Partido Nacional PN. Así, pues, el partido más representativo del interés de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo, desde el punto de vista histórico, es Renovación Nacional RN. Miradas así las cosas, NATURALMENTE debía ser ese partido quien dirigiera o, al menos tuviera mayor figuración y presencia en el gobierno de Sebastián Piñera, algo que, en gran medida, ha ido ocurriendo y se aproxima a la verdad. Pero ello no puede darse en forma abierta pues, de suceder, pondría en peligro la vigencia misma de la Alianza por Chile, coalición que ya ha comenzado a gobernar en minoría y en base a acuerdos.

Y es que la Unión Demócrata Independiente UDI es una organización política cuya gestación se encuentra estrechamente vinculada al llamado ‘gremialismo’. Nació un 24 de septiembre de 1983 impulsada por Jaime Guzmán Errázuriz como una forma de defender el legado neo liberal dejado por la dictadura militar. Guzmán jamás militó en el Partido Nacional; por el contrario: en varias oportunidades le quitó miembros a ese partido, así como también lo hizo con la Democracia Cristiana DC, para incorporarlos a su movimiento gremial.

La militancia UDI posee, en consecuencia, otros principios; entre ellos fuertes vínculos con el catolicismo tradicional. Entre otros, está convencida que, si en la vida celestial existe una jerarquía divina entre quienes mandan y obedecen, también en la tierra hay quienes deberán trabajar para otros que han de dirigir. Por supuesto que con un buen sueldo, pero sin atentar contra el principio de la autoridad ni alterar en modo alguno la estructura de clases que tiene la sociedad. Por eso, a menudo entran en conflicto con los propios empresarios muchos de los cuales han tomado lugar en esa tienda; entre otros, el fallecido Ricardo Claro. Esa posición, un tanto liberal respecto del empresariado, y el deseo de ‘redimir’ a las clases postergadas hace que muchos de sus militantes se incorporen al trabajo social y participen junto a pobladores en tareas de la comunidad. Pero la UDI, no hay que olvidarlo, quiere empresarios y trabajadores, dos categorías sociales que, para ella, son tan necesarias la una a la otra como lo han sido desde tiempos inmemoriales el Yin y el Yan. En consecuencia, la Unión Demócrata Independiente, que empezó llamándose Movimiento Unión Demócrata Independiente MUDI, no es el mejor aliado para Renovación Nacional que debe cuidar con sumo esmero la permanencia de su compañía para no arriesgar el futuro del gobierno.

Las contradicciones entre ambos conglomerados, pues, parecen inevitables.

NO SIEMPRE LAS CONTRADICCIONES ENTRE PERSONEROS SON CONTRADICCIONES DE CLASE

Afirmar que las contradicciones empiezan a hacerse presentes dentro de un gobierno no constituye novedad alguna; las relaciones humanas conllevan en sí contradicciones que se harán presentes en todo momento o lugar. Afirmamos aquí que los conflictos entre los secretarios de estado, el presidente y sus ministros, el gobierno y los partidos, los partidos entre sí, en fin, constituyen una suerte de ‘essentia ratio’ en las relaciones humanas que no siempre significan contradicciones de clase; menos aún, contradicciones al interior del Bloque en el Poder. Porque tales contradicciones pueden ocasionarse en visiones distintas acerca de un fenómeno determinado y no respecto de intereses en pugna, que es lo característico en ese tipo de relaciones.

Por lo mismo, las discusiones, los debates, las descalificaciones mutuas de los actores políticos en el escenario político, no siempre constituyen manifestaciones de fenómenos que subyacen tras las bambalinas. A menudo, los actores políticos se descalifican para los efectos de atenuar la competencia que se da entre ellos por acceder a ciertos cargos de mayor importancia; e, incluso, por acceder al gobierno de una nación. No olvidemos que, en una sociedad fuertemente jerarquizada, el ser humano está constantemente intentando sobresalir, de elevarse por encima de los demás, que es la forma de obtener ‘ethos’, es decir, el reconocimiento social necesario para poder vivir o encontrarle razón a la propia vida. Son contradicciones de intereses, sin lugar a dudas; pero de intereses particulares, que no son los intereses de clase. Por eso, es necesario determinar cuándo nos encontramos ante un escenario donde realmente se están ventilando intereses de clase y no los intereses que cada persona tiene respecto de sí. Los hechos sucedidos durante los nueve meses de gobierno de Sebastián Piñera pueden ayudarnos en ese empeño. Veamos algunos ejemplos.

CAMPAÑAS PRESIDENCIALES ANTICIPADAS

Podemos comenzar señalando que uno de esos hechos relevantes que muestra las contradicciones en la coalición gobernante es el enfrentamiento (soterrado, por cierto) entre los ministros del Interior, Rodrigo Hinzpeter (RN), y el de Minería, Laurence Golborne (UDI) por ejercer el liderazgo indiscutido de la misma y, de paso, adquirir perfil de eventual ‘presidenciable’ para las elecciones de 2013. No cabe la menor duda que, gracias al apoyo mediático, ambos se han destacado en las labores tanto del terremoto como en el rescate de los mineros, tareas que han elevado considerablemente la popularidad del gobierno(5).

Laurence Golborne había sido señalado como un posible ‘presidenciable’ dada la alta popularidad lograda con el rescate de los mineros. No obstante, sorpresivamente, Rodrigo Hinzpeter dio su opinión, bastante lapidaria respecto de su par en Minería, expresando que quien aspira a dirigir los destinos de la nación ha de tener marcada

“la vida política, la trayectoria y el oficio”

y no un simple episodio en el transcurso de su desempeño como secretario de estado. Por lo mismo, indicó que las necesidades políticas del país exigen una

‘nueva derecha, democrática y social’

capaz de traducir aquellas.

No son los únicos a quienes se les da calidad de ‘presidenciables’; también lo son Joaquín Lavín, Pablo Longueira, Andrés Allamand, Alberto Espina, Evelyn Matthei, Hernán Larraín, Francisco Chahuán, entre otros(6). Todos ellos justifican la realización de ‘primarias’, a la manera que lo hacía la Concertación. Pero, ¿sucede eso, únicamente, en el área de los representantes naturales de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo?

Por cierto que no. También ello se produce en otras estructuras fuertemente jerarquizadas, pese a que se denominan ‘de izquierda’. Las apetencias por aparecer en el carácter de ‘presidenciables’ también alcanzan al Partido Socialista PS, al Partido Por la Democracia PPD y al Partido Radical PR; también en ellos figuran ‘presidenciales’ anticipados como Carolina Tohá, Ricardo Lagos Weber, en fin. La idea de considerar a Michelle Bachelet en el carácter de candidata de la coalición para el 2013 no ha sido desechada en modo alguno, pero se prefiere pensar en ‘jóvenes’ que puedan asumir esa tarea. Jóvenes en el más exacto sentido de la palabra, es decir, jóvenes biológicamente hablando, personas de edad que ronda los 40 años. Con una sola condición: que se hayan adscrito a los principios sustentados por los ‘viejos’. O sea, ‘jóvenes’ que sean ‘viejos’, que lleven en sí las ideas que hicieron posible la coalición aquella, que representen las ideas e intereses de quienes se van o quieren dejar ese legado histórico.

Tampoco nos parece que este tipo de contradicciones constituyan contradicciones de clase. Por el contrario: estamos ciertos que ellas constituyen, apenas, la manifestación de intereses particulares elevados al rango de intereses de grupo.

LA REFORMA EDUCACIONAL DE JOAQUÍN LAVÍN

Un gobierno que representa los intereses de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo está interesado en multiplicar los empresarios. No debe sorprender, por consiguiente, que un promitente militante UDI como lo es Joaquín Lavín haya tomado la iniciativa para acometer la primera de sus reformas educacionales: el aumento de las horas de estudio destinadas al aprendizaje del lenguaje y las matemáticas, y la consiguiente disminución de las horas de estudio de Historia y de la Ciencias Sociales. La regulación del horario estudiantil también tiene la estructura de los juegos de suma cero. El comercio y la banca necesitan especialistas en esas ramas, tanto para las relaciones humanas (lenguaje) como para la ejecución de cálculos empresariales (matemáticas). La historia no sirve para esos cometidos; tampoco el conocimiento de la estructura del estado ni su funcionamiento. Las disciplinas humanistas no tienen relevancia alguna para el mundo que se organiza bajo el nuevo patrón de acumulación. Sin embargo, estas proposiciones no revelan contradicción alguna entre las distintas clases y fracciones de clase que constituyen el Bloque en Poder. Es verdad que la reforma educacional de Lavín (UDI) ha sido criticada por algunos personeros de Renovación Nacional, como el alcalde de Puente Alto, José Manuel Ossandón, quien ha dicho:

“Con esta iniciativa lo único que logramos es formar más empresarios y menos gente con conciencia social. Las personas se forman sabiendo más de su pasado, de su cultura y de las tradiciones. Si quitas horas a ese ramo corremos riesgos que podemos pagar caro en el futuro […](7)”

Pero ello nada significa, pues no toda crítica implica una contradicción que revele intereses de clase en pugna: también el sector que representa Renovación Nacional quiere más empresarios. Las diferencias entre el alcalde de Puente Alto y la proposición gubernamental parece estar vinculada, más bien, a ciertos principios morales que escasa o nula trascendencia pueden tener cuando de intereses de clase se trata.

La reforma educacional presenta, no obstante, otras aristas:

1. En los gobiernos de la Concertación y luego de las presiones estudiantiles, se aceptó dar participación a otros sectores vinculados a la educación para levantar el proyecto de la reforma; así no ha ocurrido bajo la administración de Piñera: la participación ciudadana ha estado ausente en el proyecto de reforma educacional. Pero, cuidado; no olvidemos que también esa fue la tónica de los gobiernos de la Concertación: los profesores, los alumnos ni los padres o apoderados jamás fueron considerados para realizar tales reformas, sino luego de marchas y protestas.

2. Carlos Hernán Peña González, Rector de la Universidad Diego Portales, en un excelente artículo publicado en El Mercurio, plantea que la reforma educacional de Lavín constituye una reafirmación del carácter de clase que constantemente ha mantenido la educación en Chile. La estructura misma de la educación, que contempla escuelas municipales, colegios con financiamiento compartido y colegios particulares, es una prueba de ello: nada se altera. Por el contrario, se contempla la migración hacia colegios pagados propiciando el desarrollo del ‘negocio’ de la educación. Y nada se hace por reformar la educación pre escolar.

“La reforma nada dice acerca de la educación preescolar.

La educación en la primera infancia ―que significa sacar a los niños temprano del seno de la familia para incorporarlos a una institución educativa― permite disminuir las diferencias de cuna, libera a las mujeres de la división sexual del trabajo y estimula se incorporen al mercado laboral.

¿Por qué, a pesar de esas obvias ventajas, la reforma nada dijo acerca de ella?”(8)

No carguemos al gobierno de Piñera con toda la culpa; tampoco esas reformas se hicieron bajo la Concertación. El interés de la clase hegemónica dentro del Bloque en el Poder ha sido defendido exitosamente a lo largo de estos años por todos los gobiernos post dictatoriales.

LA BATALLA DE LA BANCA

Sin embargo, donde las contradicciones que existen entre los representantes de los partidos que integran la Alianza por Chile han adquirido carácter de contradicciones de clase es en el asunto de la banca. Introducir talas o reajustes a la actividad bancaria, realizar reformas a su funcionamiento, establecer limitaciones o controles a la misma, implica introducir límites a la hegemonía absoluta que ejerce la fracción de la burguesía bancaria al interior del Bloque en el Poder. Eso resulta, aparentemente, inexplicable, en un gobierno que se declara (y así lo entiende la generalidad de los chilenos) ‘de derecha’. Para entender esta situación, previo es entregar algunos antecedentes.

Hasta los años 40, la banca no se presentaba como un factor de enorme gravitación para la marcha de una sociedad pues la industria parecía ser la actividad por excelencia. Poseía enorme relevancia, sin lugar a dudas, pero esa importancia no la elevaba por sobre la industria que se mostraba como el eje central de la economía de una nación; y es que, por regla general, los bancos se constituían por necesidades de esa rama de la producción y no por iniciativa propia. Con notables excepciones; porque había bancos, también, que organizaban industrias. Lo cual hacía creer que ambas actividades se encontraban naturalmente unidas. Y era tanta la dependencia que mantenían entre sí que el célebre economista Rudolph Hilferding creyó advertir en ese trabajo conjunto una suerte de confusión patrimonial y, en consecuencia, el surgimiento de una nueva categoría social: la burguesía financiera.

Muy pronto, sin embargo, ocurrió algo que marcaría el rumbo de los años venideros: dos actividades, que fueron la banca productiva (normalmente, una banca estatal, preocupada de alentar la producción) y la banca comercial (orientada tanto a la industria como al comercio), tomaron rumbos diferentes a partir de ese momento. Algunos de los rasgos que mostraba la actividad bancaria en esos años era, primero, que el interés cobrado por los préstamos concedidos no superaba en más de cinco puntos al interés pagado por los depósitos a plazo de los clientes; segundo, no se cobraba comisión alguna por la apertura de las cuentas corrientes ni por determinadas operaciones, consideradas propias de la banca. Y era que la banca continuaba siendo comercio del dinero. Por lo que, tercero, se fundamentaba en el hecho que estaba permitido prestar el dinero ajeno en base a la ley de los grandes números, es decir, en el principio según el cual no todos los clientes van a retirar sus dineros al unísono. Cuarto: ese convencimiento hacía entender que era posible establecer un principio de ‘encaje’, es decir, un porcentaje de dinero que los bancos debían mantener a disposición de sus depositantes estimado en un 20% del total recibido en depósitos, para poder disponer libremente del 80% restante en calidad de préstamos. Puesto que la banca trabajaba con dinero ajeno se consideraba inmoral cobrar a los depositantes por tener su dinero en el banco, actividad sobre la cual se apoyaba el ejercicio de ese comercio o usura.

A partir de 1973, la actividad bancaria experimentó profundas transformaciones. Las tasas de interés que los bancos pagaban por los depósitos a plazo comenzaron a bajar, en tanto se elevaron considerablemente las tasas que cobraban a sus clientes por los préstamos concedidos. Del mismo modo, también bajaron las tasas de encaje (hoy en día, en Europa alcanzan, apenas, a un 5%). Tales medidas acarrearon la liberación de un porcentaje impresionante de dinero que pasó a manos particulares en calidad de préstamo. Ligadas a la implantación de una nueva forma de acumular basada en la exacerbación de la competencia y en la regulación monetaria, las inversiones especulativas se desataron reactivándose la construcción de viviendas, la importación de todo tipo de mercancías con desmedro de la industria nacional y aparecieron las tarjetas de crédito, haciendo crecer más aún el volumen de dinero en manos de particulares. La inflación se desató; pero nadie lo advirtió, pues eran los países poderosos quienes la experimentaban. Hay una razón simple, en todo ello: cuando la inflación afecta a un país rico, éste la transfiere a los países con quienes negocia. Estados Unidos ha transferido permanentemente su inflación al orbe.

Desde los albores de la civilización se ha dicho que el crédito constituye las alas del comercio. La banca se separó de la industria para privilegiar al comercio; un fuerte nexo se estableció entre las empresas aseguradoras, la banca, las constructoras de viviendas, las empresas de tarjetas de crédito y las bolsas de comercio. La hora de la independencia de los Bancos Centrales de la tutela estatal se hizo presente con la fuerza de un huracán. Y, con ella, el predominio hegemónico de la banca en estrecha alianza con el capital comercial.

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD BANCARIA

El dominio del capital bancario por sobre todas las demás ramas de la producción es evidente. Las propias características de la nueva forma de acumular dan cuenta de ello al privilegiar en cada región las actividades que ofrezcan mayores ventajas competitivas, lo que obliga a desmantelar las industrias nacionales e importar aquellas mercaderías que resultan más baratas que las nacionales.

La banca se ha concentrado fuertemente en los últimos años, especialmente bajo los sucesivos gobiernos de la Concertación de Partidos Por la Democracia. Da cuenta de este hecho significativo que, en los años 80 y en plena dictadura pinochetista, existían 60 bancos en el país; en la actualidad no hay más de 12(9). La concentración ha sido, pues, intensa.

Los ingresos de la banca han variado: la percepción de intereses (usura) no es ya la fuente principal de ingresos, sino las llamadas ‘comisiones’ que alcanzan, hoy, un 50% del total de sus ganancias(10).

Del total de bancos que existen en el país, con excepción del Bancoestado, que es el banco del estado chileno, sólo seis son nacionales: los tres bancos comerciales (Ripley, París, Falabella), el Banco de Chile, el Banco de Crédito e Inversiones BCI y el Banco Internacional; el resto son extranjeros. Dentro de estos últimos, los bancos españoles son los que poseen mayor capital.

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) no es un organismo que controle la actividad bancaria ni puede serlo pues se encuentra parcialmente financiada por los propios bancos; digámoslo en otras palabras: el Superintendente es pagado por los bancos, por lo que su labor difícilmente podrá ser de controlar a quienes le pagan. El ratón ha quedado al cuidado del queso. No parece ser, por consiguiente, un problema de falta de facultades de la Superintendencia la causa de su ineficiencia, como parece estimarlo un articulista, sino la dependencia que tiene respecto de quienes se encuentran bajo su tutela(11).

Los sueldos de los ejecutivos bancarios así como los de los altos jefes no se publican en Chile; apenas si se tiene conocimiento informal en el sentido que son cuantiosos. Los ejecutivos del Banco Santander y del Bilbao-Viscaya se niegan a proporcionar información al respecto; no obstante, lo hacen en España cuando se les conmina a cumplir con esa obligación. La legislación chilena, sin embargo, les permite ocultar sus ingresos.

La estructura del funcionamiento bancario ha variado, empleándose con bastante frecuencia el sistema de la subcontratación. La generalidad de los cajeros son funcionarios subcontratados. Así, las posibilidades de la comisión de actos ilegales o inmorales ha aumentado, en tanto disminuye la protección al cliente o al simple usuario que llega hasta los bancos a pagar sus cuentas.

LAS MEDIDAS EMPRENDIDAS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA

El ministro de Hacienda Felipe Larraín Bascuñán no tiene filiación política. Siendo personero importante dentro de un gobierno que representa naturalmente a los compradores de fuerza o capacidad de trabajo, no deja de ser interesante saber que, junto a Jeffrey Sachs, hombre que ha hecho de su vida una constante defensa de la llamada ‘economía sustentable’(12), publicó el libro ‘Macroeconomía en Economía Global’. Larraín no desconoce en modo alguno, por consiguiente, el concepto de ‘modernización’(13). Pero no por esa circunstancia ha de considerársele un individuo de ideas avanzadas, aunque sorprenda su comportamiento al abordar determinadas materias. Así sucedió al asumir en el carácter de titular de Hacienda. En esos momentos, era de público conocimiento la molestia que existía en el empresariado por las altas tasas de interés cobradas por los bancos y ciertas prácticas realizadas por éstos consideradas inadecuadas por su clientela, entre otras, las llamadas ‘ventas atadas’. No por otro motivo propuso el ministro Larraín introducir una serie de regulaciones al mercado de capitales que bajo el nombre de Agenda MKB (Agenda para el Mercado de Capitales Bicentenario) tendría como finalidad contribuir a la modernización y profundización del mercado de capitales local y dar un nuevo impulso a la economía chilena y la generación de nuevos puestos de trabajo. El proyecto ‘Agenda’ contemplaba la creación del SERNAC Financiero dado que la Superintendencia no controlaba realmente a la banca y se requería de mejorar las relaciones de la banca con sus clientes. Sin embargo, esta tarea pasó inexplicablemente al ministerio de Economía, que dirigía Juan Andrés Fontaine, hombre cuyas simpatías por la UDI eran manifiestas. Fontaine no sólo había apoyado, en la primera vuelta, la candidatura de Marco Enríquez-Ominami Gumucio, sino se presentó como uno de sus principales promotores.

El 22 de septiembre, estando Fontaine en gira a Sillicon Valley, USA, preparó Larraín dos circulares de la SBIF que buscaban poner fin a las ‘ventas atadas’. Fontaine se molestó por esa acción de Larraín y decidió llamar a Piñera para expresarle su malestar. Sin embargo, antes de hacerlo, en desconocimiento de si el presidente estaba o no involucrado en los hechos, preparó una exposición de razones que apareciese avalando su posición. El argumento empleado fue de antología: puesto que, en la terminología bancaria, el concepto de ‘venta atada’ no se corresponde con el de ‘venta conjunta’, Fontaine acusó a Larraín de ser poco preciso al adoptar sus resoluciones e inducir con ello a equívocos. Y, desde ese punto de vista, tenía razón, pues en la ‘venta atada’,

“el banco obliga al consumidor a obtener un mejor precio adquiriendo otro producto como los créditos hipotecarios junto a una cuenta corriente” (14);

no ocurre lo mismo en la ’venta conjunta’, en donde

“el consumidor puede elegir si contrata uno o más productos a un mejor precio, como en el caso de los pack de telefonía” (15).

Piñera aceptó el argumento e instruyó a Hacienda para que aclarara la circular. Larraín estaba ya en conocimiento de lo que sucedía e intentaba corregir las instrucciones indicando a Carlos Budnevich, superintendente de bancos e instituciones financieras, que tales instrucciones debían darse en “el momento preciso”, buscando

“la mejor forma para que las circulares no pareciesen contradictorias”(16).

Budnevich, a pesar de ser hombre de su confianza, no lo hizo en la forma que el ministro le había indicado. Por el contrario: eligió, precisamente, el momento en que Fontaine se ausentaba nuevamente del país para asistir al Foro de Competitividad de Las Américas en Atlanta, Estados Unidos, y emitió la nueva circular que, a la postre, resultó contradictoria con la anterior. En la conferencia de prensa del 17 de noviembre, Larraín debió deslindar todas las responsabilidades en la SBIF. Y Piñera, sin tomar en cuenta ya las disputas entre Hacienda y Economía, se entendió directamente con Budnevich y el Jefe del SERNAC para resolver el problema.

REACCION DE LA FRACCIÓN HEGEMÓNICA DENTRO DEL BLOQUE EN EL PODER

Esta sucesión de errores tuvo repercusiones en otros ámbitos. La Asociación de Bancos, presidida por Hernán Somerville, hizo oír su voz aseverando que la acusación del gobierno

“[…] es un enorme malentendido”(17).

Y que la actividad bancaria

“[…] es un negocio transparente”(18).

"Ventas atadas no hay. No puedo certificar en este momento que nunca ha habido una venta atada, pero yo certifico que no hay y si ha habido tendría que ha haberse sancionado. Insisto aquí no hay venta atada, aquí hay una confusión, lo que los bancos dan son opciones […]"

"[…]a la superintendencia de bancos yo no le pido explicaciones, no me corresponde, yo soy un hombre respetuoso, educado, de acuerdo a ciertos códigos de caballero, y yo no pido explicaciones, a mi me dan una circular, la analizo como se han analizado miles de circulares en los 17 años que estoy acá y mi responsabilidad es hacer observaciones técnicas como se ha hecho"(19).

Somerville no fue el único en expresar su molestia. En un régimen de economía social de mercado, la libertad del zorro en el gallinero ha de mantenerse a toda costa. ‘El Mercurio’ tomó a su cargo esa defensa irrestricta. En su editorial de domingo 21 de noviembre, intitulado ‘Las superintendencias en debate’, se opuso tenazmente a cualquier tipo de control gubernamental sobre la superintendencia de bancos:

“Si bien el modelo ha funcionado hasta ahora razonablemente bien, ello ha sido fruto principalmente de que las personas que han ocupado los cargos de superintendente han tenido la prestancia necesaria para mantener un alto grado de independencia y, al mismo tiempo, la integridad para dar confianza a los distintos agentes del mercado”.

Profundamente desagradado con la participación del ministro de Hacienda en la conferencia de prensa de septiembre pasado, junto al superintendente, el ‘decano’ de la prensa acotó:

“En el episodio reciente más bien queda en tela de juicio el grado real de independencia del superintendente. La decisión inicial de prohibir las ’ventas atadas’, en septiembre pasado, fue comunicada en una conferencia de prensa conjunta con el ministro del ramo, algo prácticamente inédito hasta esa fecha”(20).

El 30 de noviembre el gobierno decidió enviar al Parlamento un proyecto de ley para crear el SERNAC financiero(21). Un periódico de la capital se encargó de dar a conocer la noticia según la cual el problema de las ventas atadas se resolvería ‘via lex’(22).

¿Contradicciones de clase? Mmmmmm……

¿QUÉ ROL DESEMPEÑA, ENTONCES, EL GOBIERNO DE SEBASTIÁN PIÑERA?

Nuestra idea es que la defensa y el perfeccionamiento de la forma democrática de gobierno es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se asienta el interés de las clases dominantes, conducidas hegemónicamente por una clase o fracción de esas mismas clases. El perfeccionamiento de la democracia, su correcto funcionamiento es labor primordial de un gobierno conducido por sus representantes naturales. De manera que, en todos esos gestos o actos realizados por el gobierno actual, hemos de descubrir su vocación siempre presente de cuidar la estructura política de la nación, bastión insuperable para la realización de los mejores negocios. Así, pues, la labor del gobierno de Sebastián Piñera no es otra que la de perfeccionar el funcionamiento del sistema democrático de gobierno y hacerlo cada vez funcional a los múltiples requerimientos del mercado y, en general, del sistema capitalista mundial. Como lo señaláramos al principio de este documento, las clases dominantes tienen un empeño mayor en perfeccionar el régimen democrático que las clases dominadas pues es ese su forma natural de organizarse. Para quien tiene estereotipos acerca del funcionamiento de una dicotomía de ‘izquierdas’ y ‘derechas’, y no ve tras todo ello los intereses de clase en juego, sino analiza las veleidades de la escena política, pueden parecer extrañas estas afirmaciones. No lo son, sin embargo. Las clases dominantes necesitan un orden dentro del cual operar. Necesitan, por consiguiente, controlar los excesos que cometen sus propios personeros y que pueden ocasionar problemas a las demás clases y fracciones de clase dominante del Bloque en el Poder. No pueden darse el lujo de permitir que un sector suyo atropelle las condiciones impuestas por ellas mismas para una más eficiente extracción de plusvalor. Necesitan, en consecuencia, limitar ciertos excesos en la banca, producir mejores empresarios (en virtud de la reforma de la educación), preparar el relevo del gobierno (a través de la selección de los ‘presidenciables’), dotar de mayores recursos al estado para los fines propuestos (aumentar los impuestos) e incorporar a las Fuerzas Armadas al sistema democrático, hacerlas dependientes del Poder Legislativo y transparentar sus formas de financiamiento que puede tener repercusiones en el ámbito internacional. En otras palabras: el gobierno de Sebastián Piñera ha de realizar los cambios políticos estructurales a cuya realización no se atrevieron los sucesivos gobiernos de la Concertación, temerosos siempre de un nuevo golpe de estado que jamás se iba a producir(23). Y, en este sentido, ha de ser eficiente.

Se entiende de esta manera por qué Piñera ha procedido a aumentar determinados tipos de impuestos, entre otros, el impuesto a la renta, comportamiento extraño en un ‘gobierno de derecha’ que debería haber disminuido los impuestos.

Por eso, también, ha enviado un proyecto de ley que quita a los militares el 10% de las entradas del cobre y entrega el financiamiento de las Fuerzas Armadas a la Ley de Presupuesto. Y es que un estado que se precie de tal jamás va a admitir a otro estado funcionando autónomamente dentro de él.

No por otro motivo se ha hecho el estado parte en el juicio que tiene por finalidad determinar la forma en que fue muerto el ministro del Interior del gobierno de Salvador Allende José Tohá González; no por otro motivo es posible que se haga parte en algunos de los muchos procesos incoados en los diversos tribunales en contra de ciertos estamentos armados por violaciones a los derechos humanos(24). Pero, en estas materias, preciso es tener siempre presente algo esencial: el Gobierno de Piñera es un gobierno generado dentro de una forma de acumular que privilegia las leyes del mercado; sus obras son ‘productos’ que ha de ‘vender’ a la opinión pública. Está obligado, por ende, a promocionar sus ‘productos’, debe vocear su ‘mercancía’; necesita, en suma, hacer propaganda de lo que realiza. Tal gestión constituye parte integrante de su esencia. Jamás va a estar exento del control mediático. Como jamás lo va a estar gobierno alguno que quiera destacar determinadas labores realizadas en función de su supervivencia. Y esto ocasiona nuevas contradicciones como lo ha sido el despido de los abogados más importantes del Programa de Derechos Humanos(25).

El voto de los chilenos en el exterior y el voto voluntario son parte de esas reformas. Aunque no las mejores, contribuyen a delinear el rostro de una democracia que se va asentando a la manera de las europeas. Y la rebaja del impuesto de 7% a los jubilados, aunque sea en forma parcializada, es un avance que jamás se vio en los gobiernos anteriores, temerosos de estar liberando dinero a sectores sociales cuyo consumo podría elevar la tasa de inflación. Del mismo modo, las reformas que resuelven ajustes dentro de la comunicación (llamadas a provincias, propiedad del número telefónico, etc.) promulgadas el lunes 5 del presente por el presidente y su ministro de Transportes y Comunicaciones.

Afirmamos, en consecuencia, que no hay variaciones en la composición del Bloque en el Poder organizado al interior del estado chileno; no hay cambios en su estructura de clases ni en su conducción hegemónica. No hay diferencias con el gobierno anterior, por consiguiente, en cuanto a la explotación que determinadas clases y/o fracciones de clase enquistadas en dicho Bloque ejercen respecto de las grandes mayorías nacionales que no sean las derivadas de intereses particulares (individuales o partidarios) en torno al manejo institucional de la miseria social. El gobierno de Sebastián Piñera administra la nación para los mismos sectores que lo hicieran los sucesivos gobiernos de la Concertación. Con una diferencia: antes lo hacían los advenedizos; hoy lo hacen sus representantes naturales. Y su objetivo no es otro que perfeccionar el funcionamiento de una democracia que permita una explotación más racional de los sectores dominados. Pero, de llevarse a efecto en forma exitosa tal robustecimiento democrático, es posible que los sectores sociales bien organizados puedan, con mayor propiedad, reiniciar las luchas por la construcción de una sociedad mejor. Porque, como muy bien lo señalan Samuelson y Nordhaus, puede darse la paradoja según la cual en los períodos de auge se fortalece la clase trabajadora, en tanto que en los períodos de crisis se debilita y la competencia entre los propios trabajadores se acrecienta. Por lo demás, la presión que la Central Unitaria de Trabajadores CUT ejercía sobre la clase trabajadora, en su carácter de ‘clase apoyo’ de los gobiernos concertacionistas, ya no existe. Los trabajadores pueden, libremente, gritar contra las desigualdades sociales y marchar en defensa de sus derechos. No por otro motivo las demandas laborales y sociales se han hecho presentes, al finalizar el año, con una fuerza que pocos imaginaban.

Del mismo modo, no debería sorprender que muchas de las banderas de lucha consideradas como propias por la Concertación de Partidos Por la Democracia, como el conflicto mapuche (entre otros temas, solución al conflicto creado por ENDESA al inundar el cementerio pehuenche), a pesar de los conflictos de interés que hay pendientes que involucran al propio presidente(26), sean enarboladas en este período por el gobierno de Sebastián Piñera.

Así, el análisis del carácter de clase de determinados gobiernos explica por qué muchos regímenes calificados ‘de derecha’ ejecutan políticas ‘de izquierda’ estatizando bancos o financieras (como sucedió en la crisis de 2007/2008, en Estados Unidos, bajo la administración de George W. Bush) y por qué otros que se atribuyen ser ‘de izquierda’ imponen políticas ‘de derecha’ (como el gobierno de Ricardo Lagos o el de Eduardo Frei Ruíz-Tagle, en Chile, y el de Rodríguez Zapatero, en España que privatizaría los aeropuertos de Barcelona ―Prat― y Madrid ―Barajas―, además del 30% de la Lotería(27) y quitaría el apoyo económico a los desempleados) para enfrentar la crisis de ese país. Ese comportamiento no es casual: obedece a la lógica según la cual los gobiernos (por regla general) toman el mando de la nación sólo para administrar convenientemente el interés de la fracción hegemónica del Bloque en el Poder y no para crear las condiciones que puedan traducirse, dentro de un futuro no muy lejano, en eventuales cambios de sistema.

 

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Notas:

1) Discrepamos aquí del senador de RN Andrés Allamand quien, en el programa ‘Estado Nacional’ de domingo 28 de noviembre de 2010, continúa hablando del ‘gobierno de la Coalición Por el Cambio’.
2) Véase nuestro documento intitulado ‘El carácter de clase del gobierno de Sebastián Piñera’, publicado en ‘El Clarín’, ‘Continente’ y Piensa Chile’.

3) ‘Estado Nacional’, Televisión Nacional, de 28 de noviembre de 2010.

4) La vinculación de Piñera a la dictadura pinochetista fue, al parecer, obra de ciertos sectores demócratacristianos, preocupados por el daño que podría hacer Adolfo Zaldívar a su partido, según lo expresan algunas fuentes que consultamos; se trataba, con ello, de desprestigiar al candidato de la Coalición Por el Cambio y evitar que determinados contingentes de demócratacristianos votaran por él.
5) Moreno, Marco: ‘Bullying y mesianismo: ¿la estrategia presidencial de Hinzpeter?’, ‘El Mostrador’, 9 de noviembre de 2010.
6) Rivas Arenas, Claudia: ‘Por qué se adelantó la carrera presidencial de la derecha’, El Mostrador, 29 de noviembre de 2010.
7) Artículo: ‘”Edil RN critica reforma a la malla escolar’, El Mostrador, 18 de noviembre de 2010.
8) Peña, Carlos: ‘La revolución educacional de la derecha’, El Mercurio, 28 de noviembre de 2010, pág. D-31.
9) Calderón, Hernán: El poder de los bancos y la vuelta de carnero de la SBIF’, El Mostrador, 19 noviembre de 2010.
10) Calderón, Hernán: El poder de los bancos y la vuelta de carnero de la SBIF’, El Mostrador, 19 noviembre de 2010.
11) Evans, Eugenio: ‘Atribuciones de superintendencias’, La Tercera digital, 29 de noviembre de 2010.
12) Los artículos de Jeffrey Sachs aparecen mes a mes en la edición española de ‘The scientific american’, cuyo nombre en castellano es ‘Investigación y Ciencia’.
13) Micco, Sergio: ‘Jeffrey Sachs, las universidades complejas y el desarrollo de Chile’, El mostrador, 26 de noviembre de 2010.
14) Equipo Economía y Negocios: ‘Ventas atadas: la pugna que develó las diferencias entre Economía y Hacienda’, El Mercurio, sección Negocios, 21 noviembre de 2010, pág. B-7.
15) Equipo Economía y Negocios: Id. (6).
16) Equipo Economía y Negocios: Id. (6).
17) Radio Agricultura, 19 de noviembre de 2010.
18) Radio Agricultura, 19 de noviembre de 2010.
19) Artículo: ‘Somerville dice que polémica por ventas atadas en “un malentendido”’, La Tercera digital, 19 de noviembre de 2010.
20) Editorial: ‘Las superintendencias en debate’, El Mercurio de 21 de noviembre de 2010, pág. A-3.
21) SERNAC es la sigla del Servicio Nacional del Consumidor, organismo dependiente del Ministerio de Economía que, al menos en teoría, vela por la defensa del interés de los consumidores.
22) Gallardo, Paula: ‘Gobierno buscará impedir por ley las ventas atadas…’ Diario Financiero digital, 30 de noviembre de 2010.
23) La Concertación vivió siempre bajo el estigma de ‘El desierto de los tártaros’, aquella obra de Dino Buzzatti en la que un grupo armado espera siempre el ataque de un enemigo que jamás se hace presente y que, cuando se materializa, finalmente, no hay posibilidad de hacerle frente. Ese estigma es propio, también, del estamento militar: Pinochet vivió constantemente temiendo un ataque de los sectores populares que jamás llegaría.
24) Molina Sanhueza, Jorge: ‘Las contradicciones de Interior en los casos de DD.HH’, El Mostrador, 29 de noviembre de 2010.
25) Molina Sanhueza, Jorge: ‘Gobierno despide al abogado que tramitó caso vinculado a muerte de Tohá’, El Mostrador, 30 de noviembre de 2010.
26) Piñera pretende apropiarse de un terreno en el Sur que pertenece a las etnias chilenas y que aún se encuentra sometido a litigio.
27) Véase el art. del periódico El País, de 1 de diciembre de 2010, intitulado ‘El gobierno privatiza la gestión de Prat, Barajas y el 30% de la Lotería’.