Declaración pública N° 1 de Hans Niemeyer
“Si hay que violar el derecho que sea para reinar. ¡En lo demás observa la moral!”
Eurípides
Ante la serie de tergiversaciones e interpretaciones sesgadas y tendenciosas a raíz de la revocación de la medida cautelar del arresto domiciliario por parte de la Corte de Apelaciones y mi posterior huida para evitar el arresto por parte de la policía, me veo en la obligación de de levantar la voz y aclarar cuestiones fundamentales relacionadas con mi caso, las irregularidades, mentiras y presiones políticas existentes.
En primer lugar debo aclarar que mi huida jamás tuvo por objetivo una fuga para evitar el juicio. SE trató de un acto de protesta ante el hecho principal que es la ilegalidad de la prisión preventiva en las actuales circunstancias en que mi juicio se encuentra suspendido por un requerimiento presentado por el Ministerio del interior ante el Tribunal Constitucional. De esta forma, a 3 meses de terminada la preparación de juicio oral, me encuentro en una situación jurídica anómala al dictárseme prisión preventiva y no encontrarme ni en etapa de investigación, ni en preparación de juicio oral, ni en juicio oral, sino en una especie de limbo jurídico, acusado por una ley antiterrorista de una dictadura (hecho que en cualquier país civilizado sería un escándalo, pero aquí es algo normal), con el caso intervenido políticamente por el Ministerio del Interior y la utilización política de mi caso como “caballo de batalla” en la furibunda campaña contra los llamados “jueces garantistas” en la que confluyen el gobierno, el duopolio de la prensa escrita y los sectores conservadores del país, todo en aras del populismo punitivo que quiere convertir la llamada “reforma a la reforma” en su primer hito y conquista política. Ejemplo de esto último es que han entrado a cacarear los diputados fascistas María Angélica Cristi y Cristián Letelier, representantes de la ultraderecha y férreos defensores del terrorismo de estado y los crímenes de lesa humanidad en este país. Esa es la clase de gente que pretende erigirse en juez y parte, colaborando con la horca en la que se me pretende ejecutar en la plaza pública, sin derecho a defensa.
La situación ilegal de mi prisión preventiva, la presión política y las múltiples irregularidades, contradicciones y mentiras en mi caso han sido denunciadas en varias ocasiones en las audiencias en el tribunal por mis abogados Rodrigo Román y Julio Cortés, sin embargo han sido silenciadas sistemáticamente por parte importante de la prensa. Al contrario, el foco ha sido puesto en aspectos anecdóticos e incluso interpretaciones mañosas y malintencionadas, como la exposición del Juez Gallardo presentándolo como protagonista relevante de “los jueces garantistas”, llamándole “el juez que lo liberó dos veces”, en circunstancias que sólo ha sido alguien serio que sólo ha hecho su trabajo y ha llamado la atención sobre las especulaciones policiales, aspecto que no parece llamar la atención de la prensa, seguramente preocupada de cosas más importantes. O poniendo como el hecho central si carabineros fue o no al control domiciliario. Lamentablemente la Corte de Apelaciones se hizo parte de estas frivolidades y aspectos de segundo orden, señalando además que “no existe” ningún antecedente nuevo que cambie la necesidad de la prisión preventiva. ¿No es acaso un nuevo antecedente el fallo que rechazó anular el fallo en el Caso Pitronello por la misma Corte de Apelaciones? ¿No es acaso un antecedente nuevo que mi juicio está suspendido por 3 meses y que se pretende esté suspendido al menos por dos meses más ya que el TC tendrá redactada su sentencia –con suerte- en Marzo? Esto último lo supe al ir con mis abogados personalmente al TC donde fui autorizado por el 13° Juzgado de Garantía a salir durante 4 horas luego de las cuales volví, ya que cumplí estrictamente el arresto domiciliario todos los días hasta el viernes 7 de Diciembre.
Pero lo más irritante de la resolución de la Corte de Apelaciones es que “les parece grave que Carabineros no haya realizado el control”. ¿Así que eso es lo que le parece grave? ¿No parece grave que los funcionarios de la PDI mientan en su declaración; que no patrullaban en la dirección que indican, que no me vieron salir del epicentro de la explosión; que es imposible que la explosión les moviera la camioneta pues llegaron mucho después que ésta ocurrió; que es mentira que yo era el único transeúnte pues había más gente, incluso un ciclista; que jamás boté ningún polerón y que dicha prenda no tiene mi ADN?. En definitiva que mienten al decir que fueron testigos presenciales porque no lo fueron y que todo esto que señalo está grabado en una cámara de un Banco cercano al BCI y aparece en un informe de la DIPOLCAR al que tuvo acceso El Mercurio publicando un artículo, pero sin entrar en lo medular, que la PDI no fue testigo presencial de los hechos como dice su declaración. ¿No parecen lo suficientemente grave estos hecho Señores Ministros?. Para qué mencionar las “filtraciones a la prensa de parte de la fiscalía, el prejuzgamiento y la condena mediática, el que El Mercurio haya tenido acceso a la carpeta investigativa cuando estaba en calidad de investigación secreta y se le negaba el acceso a mi defensa, pero no a cierta parte de la prensa ¿No es eso grave?¿No vulnera la presunción de inocencia? ¿No atenta contra el debido proceso la condena mediática previa? ¿No fue grave cuando El Mercurio se hace parte de la mentira de la DIPOLCAR en un reportaje de media página vinculándome a Luciano Pitronello, hecho absolutamente falso?
Pero hay más ¿No es grave y no constituye un atropello los peritajes del LABOCAR hechos a la medida de las necesidades de los querellantes, con especulaciones, visiones sesgadas, sin ningún fundamento científico serio, con conclusiones que van contra la lógica más elemental? ¿No es grave que el Ministerio del Interior me acuse de colocar una bomba en la Automotora One, a una hora en la que me encontraba en una reunión de equipo en Lo Espejo? Hecho que aparece en la carpeta investigativa, y que no ofrezca ninguna prueba concreta, salvo una conjetura ridícula, una especulación hecha para dejarme preso. ¿No es grave la intervención política, el afán dilatorio con que se acude al Tribunal Constitucional?, todo para poder utilizar mi caso y sacar el rédito político necesario en un año electoral. Pero todas estas preguntas a nadie parecen interesarles, no hay voz disidente la opinión publica parece abandonada a ser caja de resonancia de las versiones de la fiscalía metropolitana sur, pese a sus antecedentes mafiosos y a sus técnicas sucias propias del equipo de Alejandro Peña, muchos de los cuales están en pleno ejercicio y que fueron parte del ridículo delirio llamado Caso Bombas. Solo por mencionar un hecho, el fiscal Barros, la noche de mi detención trató de vincular a mi esposa en el atentado al BCI, por el solo hecho de haber estudiado en la Universidad Academia De Humanismo Cristiano a esta altura como ya no sorprende nada, no es raro que los Señores de la Corte de Apelaciones estos hechos no le parezcan graves.
El tono y el contenido de la Corte de Apelaciones, y la situación de intervención política y de dilación para que mi juicio coincida con un año electoral son la gota que rebalsó el vaso. Ante este hecho me rebelo y decido evitar la detención. Volveré solo cuando el juicio vuelva a su cause normal y la prisión preventiva deje de ser ilegal, y por tanto una herramienta de la razón de Estado para castigar a quienes no agachan la cabeza.
Escribe para ustedes desde algún frío lugar de la Acrópolis
Hans Felipe Niemeyer Salinas
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3/enero/2013
(También en Hommodolars)
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Acerca de los dichos del abogado de la UDI: Abogados de Hans Niemeyer responden
En distintos medios de prensa y televisión el abogado Carlos Fairlie, representante de la Fundación Jaime Guzmán, ha formulado extravagantes acusaciones en torno a que los abogados defensores de Hans Niemeyer Salinas habríamos tenido activa participación en la carta que este último dio a conocer desde la clandestinidad con fecha 3 de enero del año en curso.
Para no caer en imprecisiones, nos permitimos reproducir literalmente lo por él dicho a través del diario La Tercera el día de 07 del corriente, a saber, “Me parece del todo grave. Esta carta claramente está apoyada por los abogados defensores. Hablan de términos jurídicos que yo creo que el señor Niemeyer por sí sólo no debiera conocer”, agregando que, “justifican la huida por estar la causa suspendida en el Tribunal Constitucional. Eso es desconocer la institucionalidad jurídica y es del todo grave viniendo de parte de un abogado de la república”.
Por su parte, en el canal de televisión CNN Chile, el mismo día refiere que “Si usted analiza la carta del señor Niemeyer y como se ha referido a esta causa también el abogado del señor Niemeyer, son efectivamente muy parecidas, sino decirlo, similares…”, agregando que, “…acá debe haber algún tipo de asesoría del abogado hacia el señor Niemeyer…”
El fundamento de su acusación entonces, es que la misiva contiene “términos jurídicos” que a su juicio, “el señor Niemeyer por sí solo no debiera conocer”.
Nos consta que el señor Fairlie tiene problemas considerables para comprender conceptos básicos del derecho penal y procesal penal vigente, tal como lo ha demostrado en todas las audiencias en que ha participado. Además de eso, creemos que es el elitismo y pedantería propios de los sectores sociales que él representa lo que se deja ver en la manera en que formula en voz alta sus especulaciones, dando por hecho que quienes no forman parte de los suyos, sus íntimos, los poderosos, son incapaces de llegar a redactar la misiva tan admirada (por él) que escribiera Hans Niemeyer, no precisamente para él.
Aunque le pese a su cosmovisión conservadora, elitista y burguesa, en la carta de Niemeyer no aparece nada que no pueda ser formulado por una persona adulta e inteligente, que estudió tanto pedagogía como ciencias sociales y que además ha debido por fuerza familiarizarse con la terminología jurídica propia del proceso penal en que ha estado inmerso hace más de un año, como hacen todas las personas normales cuando enfrentan este tipo de coyunturas, a las que el entorno del señor Fairie no está acostumbrado pues en Chile el sistema penal no está diseñado para ser aplicado a las clases altas.
Por otra parte y en lo que a los suscritos nos tocan las citadas palabras del abogado de la udi, en cuanto a que nos acusa de “desconocer la institucionalidad jurídica”, lo cual sería “grave para un abogado de la república”, podemos decir por ahora, que lo que en realidad nos parece grave, es que él justifique que una persona deba permanecer presa porque sí, aun careciendo de fundamento jurídico, todo lo cual bien debiera saberlo, transforma el encierro de Niemeyer o de otro cualquier persona en una pena anticipada que viola flagrantemente los principios que dan forma al derecho penal moderno y que aparecen recogidos por ejemplo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuando en su artículo 14 consagra el “derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas”. Y no necesitamos citar a Carlos Marx o a algún “juez garantista”, sino que al mismísimo Tomás Hobbes para afirmar que “el mal infligido por la autoridad pública sin una condena previa no debe incluirse bajo el nombre de pena, sino como un acto hostil”.
No nos extraña, en todo caso, ninguna de las aseveraciones de este señor, proviniendo de un abogado de la extrema derecha, que representa entusiastamente al sector político que más identificado se siente con la obra de la dictadura de Pinochet, el único período de la historia reciente en que efectivamente hemos presenciado en acción al “terrorismo (de Estado)”, que destruyó el régimen constitucional anterior con aviones, bombas, centros de tortura y campos de concentración, y cuyos resultados finales significaron la comisión de algunos de los más graves y horrorosos crímenes que la humanidad ha conocido, cuales son, por si lo ha y lo han olvidado, los crímenes de lesa humanidad, que sería de mal gusto comparar con los hechos materia de este juicio: ni más ni menos que destrucción de las vidrieras de un banco que al otro día siguió funcionando con tan solo una hora de retraso.
Tal vez Fairlie y la UDI nos acusen ahora de usar los mismos términos que Niemeyer, pero en efecto la dictadura fue terrorista, en los términos del diccionario de la RAE: “dominación por el terror; sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”, curiosamente más precisos que los de la Ley Antiterrorista que a toda costa quieren aplicar. Según información oficial que muy probablemente se queda corta, las víctimas directas de la dictadura ascienden a cerca de 35 mil personas, de las cuales 28.000 resultaron torturadas, 3.400 mujeres violadas, y unas 3 mil resultaron fallecidas. Y para los que creen que esto pertenece al pasado, o no quieren que se vea la relación directa entre esas violaciones masivas de derechos de “primera generación” y el actual estado de vulneración permanente de los derechos económicos y sociales del grueso de la población, tenemos que coincidir con un sociólogo de moda -que debe saber de lo que está hablando por cuanto es hijo de un destacado personero de la dictadura- cuando dice que “no solo ha nacido este modelo por la violencia histórica de la dictadura, sino que su operación misma está hecha de violencia” (A. Mayol, El derrumbe del modelo, pág. 47).
Por último, estimamos que resulta absolutamente indispensable que el señor Fairlie aclare si sus dichos son meras especulaciones o si por el contrario tienen algún sustento fáctico que vaya más allá de lo que alguien pudiera haberle dicho quizás desde el “más allá”, sea directamente o bien a través de su correligionario ministro (quien en su momento, como es dable recordar, refirió contacto directo con la otra dimensión).
Por nuestra parte y si lo desean, aclaramos que no hemos tenido contacto alguno ni noticias de nuestro representado, Hans Niemeyer, sino desde las visitas que efectuáramos en su domicilio mientras permanecía en un último arresto domiciliario que tal como él señaló, cumplió estrictamente hasta que el día 7 de diciembre optara por no presentarse al Tribunal para ejercer el derecho de rebelión, incluyendo cuando el día lunes 3 de diciembre concurrimos junto a él hasta avenida Apoquindo para poder comparecer formalmente ante el Tribunal Constitucional, aún cuando todo lo ocurrido entre aquel período y hasta estos días, al parecer, la inteligencia de nuestro país no está en condiciones de poderlo confirmar.
Por Julio Cortés Morales
Rodrigo Román Andoñe
Abogados
Santiago, 7 de enero de 2013
(Fuente: El Ciudadano)
